Análisis jurídico de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y de las competencias autonómicas en materia de EIA de proyectos

La tendencia recentralizadora de las competencias en el Estado español no escapa de la materia ambiental y tampoco de la evaluación  ambiental. La garantía de la unidad  de mercado,  la seguridad  jurídica  y otros argumentos han servido de excusa para promulgar normativa en pro de la armonización de la regulación.  De ahí se deriva la promulgación de leyes de carácter básico con un detalle de regulación propio  de un reglamento que dejan poco margen  de actuación a las comunidades autónomas (CCAA) salvo que decidan  dictar normas adicionales de protección. En la práctica esto conlleva una merma en las competencias autonómicas, una involución de las autonomías políticas y de la descentralización del Estado español. La actual Ley estatal básica 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ha propiciado esta involución. En este trabajo analizamos  cuáles son las consecuencias  que se derivan  de esta normativa en las competencias autonómicas sobre la evaluación  de impacto ambiental (EIA) de proyectos. Para ello se ha estudiado la propia  norma  básica y las regula- ciones autonómicas sobre EIA, deteniéndonos en aquellos aspectos novedosos de la legislación autonómica respecto a la legislación básica. Finalmente, a modo de conclusión,  se aportan recomendaciones y propuestas en relación con la cuestión estudiada.